En el marco del Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, reiteró este miércoles su llamado a la eliminación inmediata de las sanciones impuestas por gobiernos que buscan provocar el colapso económico de Estados soberanos.

A través de un mensaje publicado en Telegram, el canciller instó a “alzar la voz frente a este crimen que castiga a nuestros pueblos”, y recordó especialmente el prolongado bloqueo económico contra Cuba, aplicado por Estados Unidos desde hace más de seis décadas, pese al rechazo casi unánime que año tras año expresan los países del mundo.

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Gil señaló que Venezuela también ha sido blanco de medidas restrictivas por parte de Washington y de la Unión Europea, acciones que —según expertos de Naciones Unidas— han generado un severo deterioro en la calidad de vida de la población. “Sin embargo, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro hemos demostrado una notable fortaleza al reconstruir nuestra economía y garantizar la protección social de nuestro pueblo”, afirmó.

De acuerdo con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las medidas coercitivas unilaterales contravienen el derecho internacional y deben ser derogadas.

El 16 de junio de 2025, la Asamblea General aprobó la resolución 79/193, mediante la cual proclamó el 4 de diciembre como el Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales, fecha que se conmemorará de forma anual a partir de este año.

Según la ONU, la expansión de este tipo de sanciones, junto con los mecanismos utilizados para aplicarlas, tienen un impacto devastador sobre el ejercicio de todos los derechos humanos.

Estas restricciones dificultan la importación y exportación de bienes esenciales como alimentos, medicinas, insumos médicos y repuestos; interrumpen las cadenas de producción agrícola; bloquean transacciones financieras vinculadas a la asistencia humanitaria; restringen la cooperación internacional y afectan la capacidad de los Estados para sostener servicios públicos, proteger a su población y garantizar derechos fundamentales.

La organización internacional destaca, además, que estas medidas vulneran principios básicos de la Carta de Naciones Unidas, como la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia y el respeto a los derechos humanos.

También obstaculizan el desarrollo económico y amenazan el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, afectando de manera desproporcionada a los países en desarrollo.

Las sanciones unilaterales —advierte la ONU— erosionan derechos esenciales como la vida, la salud, la alimentación, la vivienda, la educación, el trabajo, el derecho a no padecer hambre, el derecho al desarrollo y el derecho a vivir en un ambiente sano.

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